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Derechos - Seguridad personal

No se puede despedir a alguien por sus prácticas sexuales: Corte Constitucional

Publicado: 2018-07-01 - (material solo para adultos)

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Un hombre fue despedido luego que un anónimo publicara una imagen en Twitter en donde se aprecia, en una situación íntima con su pareja, y se le señalara por ese medio de hacer pornografía.

La imagen correspondía a un hecho anterior a su contratación.

A Andrés*, un representante regional de una estrategia digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, le cambió la vida el 19 de mayo de 2017 cuando un anónimo hizo una publicación Twitter, acompañada de varias imágenes íntimas, en el que se aseguraba que tenía una red de pornografía en una cuenta en la red social. Aunque el mensaje fue borrado al poco tiempo, el señalamiento provocó que le suspendieran unas charlas que hacía a menores de edad en colegios y, posteriormente,  la terminación de la relación laboral por parte del Canal Regional que lo seleccionó como "embajador" de esa estrategia.

El caso llegó a la Corte Constitucional que determinó que las prácticas sexuales de los ciudadanos se encuentran amparadas bajo sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de su personalidad, y, en consecuencia, éstas no pueden ser un sustento válido para terminar el contrato laboral o de prestación de servicios de una persona, ya que no tienen relación con el ejercicio de sus funciones. Como punto central de la decisión, la Corte explicó que el hombre fue objeto de un escutrinio de su vida privada inadmisible, en el que tuvo que explicar constantemente que las fotos sí eran suyas, que correspondían al 2015 (antes de la contratación) y que fueron subidas a una red privada para adultos como parte de una práctica sexual recomendada por un psicólogo de pareja.

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"El derecho fundamental a la intimidad implica un mandato de no intervención por parte del Estado y de los particulares en los asuntos que corresponden exclusivamente a la esfera privada del individuo, en cuanto ser naturalmente libre y autónomo, aspecto que tiene una especial relación con la garantía constitucional del libre desarrollo de la personalidad. El respeto de dicho mandato conlleva la imposibilidad para el empleador o contratante de realizar un escrutinio sobre la vida privada del trabajador, menos aún, puede atribuirle consecuencias sancionatorias por comportamientos que carezcan de relación directa con el ejercicio de sus funciones, pues ello supondría una intervención injustificada y desproporcionada en su órbita íntima", señaló el alto tribunal.

La Corte cuestionó que aunque las entidades reconocieron que eran hechos anteriores al contrato, hayan considerado que eran suficiente para terminale su contrato argumentando que el desempeño de sus funciones había sido insatisfactorio. "Más allá del posible reproche moral que pudiera merecer el compartir imágenes íntimas en un portal web, no puede aducirse que, por ello, el actor “asumió los riesgos que ello representaba” o que sus fotografías ya no se encuentran protegidas por el derecho a la intimidad, al trascender “de lo privado a lo público", como adujeron las empresas.

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Incluso, el alto tribunal criticó que los fuertes señalamientos que realizaron los empleadores de Andrés*, pues lo catalogaron en distintas comunicaciones internas e intervenciones judicialescomo una persona que no era “proba”, “idónea” ni “confiable” en internet, y que, además, representaba “un riesgo para los menores de edad que hacen parte de la población objetivo del proyecto". Y resaltó que la denuncia anónima afectó la vida personal y laboral de este hombre, quien dijo a la Corte que "el rotulo de ‘pornógrafo’ que me asignó MINTIC ha sido difícil de borrar”.

"La Sala considera que las afirmaciones y señalamientos contra el actor no sólo resultan desproporcionadas, injuriosas y ultrajantes, además, vulneraron sus garantías constitucionales a la honra y al buen nombre, en tanto menoscaban el valor intrínseco que merece cada persona frente a sí mismo y frente a la sociedad", agrega la decisión. La Corte ordenó reintegrar a Andrés y ahora las empresas contrantes, incluido el Ministerio, deberán ofrecerle perdón.

*Nombre cambiado por la Corte Constitucional.

Enlace original El Espectador

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